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Guatemala, 8 diciembre de 2020. Guatemala, por medio del Canciller Pedro Brolo, asumió hoy la Presidencia pro tempore (PPT) del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS) durante la III Reunión Anual del mecanismo bajo la Presidencia de El Salvador que concluyó con una Declaración en la que los países reconocieron las “graves consecuencias” de la pandemia de COVID-19 y los impactos de los desastres naturales.
“Quisiera expresar y reafirmar el compromiso de nuestro Gobierno por encaminar todos los esfuerzos que se requieran para fortalecer el MIRPS. Nos proponemos diseñar y empujar una agenda común, con esfuerzos compartidos y dirigidos en beneficio de las personas con necesidades de protección internacional, refugiadas, deportadas y desplazadas”, dijo el Canciller guatemalteco al asumir el cargo.
El MIRPS surgió en 2017 con la Declaración de San Pedro Sula (Honduras), adoptada por Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá. En 2019 se sumó El Salvador. Se trata de una iniciativa pionera en la aplicación del Marco de Respuesta Integral para los Refugiados (CRRF, por sus siglas en inglés) (ONU, 2016) y una contribución al Pacto Mundial sobre los Refugiados (ONU, 2018).
El Ministro Brolo advirtió que la perspectiva inmediata plantea retos para los países de la región, por lo que subrayó la necesidad del esfuerzo compartido y de la cooperación internacional.
“No cabe duda que la pandemia del COVID-19 ha marcado nuevas realidades y desafíos” y se agregan “los impactos de los recientes fenómenos naturales”, señaló.
También, citó otros factores como “la persistencia de las distintas manifestaciones de violencia y su relación con el desplazamiento; las continuas deportaciones; los grandes desafíos para atender a la niñez y adolescencia en contextos de movilidad; la necesidad permanente de fortalecer los sistemas nacionales de refugio; y los flujos masivos; entre otros”.
No obstante –dijo-, “tengo la máxima confianza que en el marco de la responsabilidad compartida y la búsqueda de soluciones duraderas los países MIRPS plantearemos acciones concretas y rutas posibles que empaten con miradas inclusivas que consideren a las personas en alta vulnerabilidad”.
Declaración de San Salvador
La III Reunión concluyó con la “Declaración de la Ciudad de San Salvador: Respuestas a las necesidades de protección internacional de las personas refugiadas, solicitantes de la condición de refugiado y desplazadas en el contexto de la pandemia de la COVID-19 en los países miembros del MIRPS”.
En ella se consigna que el objetivo del encuentro fue “revisar los progresos y retos nacionales y regionales, coordinar de manera solidaria una respuesta regional ante los desafíos que plantean los movimientos de personas en búsqueda de protección internacional en los países miembros del MIRPS”.
Los países MIRPS se manifiestan “profundamente preocupados” porque la pandemia de la COVID-19 “ha impactado de manera desproporcionada a las poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como las personas solicitantes de la condición de refugiado, las personas refugiadas, retornadas y desplazadas con necesidades de protección y sus familias, niñas, niños y adolescentes no acompañados y separados… entre otros, agravando aún más su particular situación y limitando el acceso para el ejercicio de sus derechos humanos”.
De igual manera, “preocupados” por el “serio impacto socioeconómico” que la pandemia de la COVID-19 sigue ocasionando, aunado a los impactos de los desastres naturales y del cambio climático que han afectado particularmente a los países miembros del MIRPS.
La Declaración incluye Acuerdos, como el de “continuar trabajando en acciones e iniciativas de intercambio de conocimientos, experiencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas entre los países miembros del MIRPS, así como con el apoyo de países de la Plataforma de apoyo, el ACNUR, y la OEA, mediante la creación de grupos de trabajo temáticos, dirigidos a responder a las necesidades de las personas refugiadas, solicitantes de la condición de refugiado, retornadas y desplazadas en el contexto de la pandemia de la COVID-19 y a la búsqueda de soluciones duraderas de esta población”.
También, “promover, dentro de las medidas de recuperación económica que cada país decida para enfrentar la pandemia de la COVID-19 y recientes desastres naturales, planes nacionales, políticas o programas dirigidos a adoptar mecanismos para incluir e integrar a las personas solicitantes de la condición de refugiado, las personas refugiadas, retornadas y desplazadas con necesidades de protección de tal forma que se les brinde protección, asistencia humanitaria, acceso a beneficios sociales o ayudas económicas, inserción al mercado laboral, reconocimiento de competencias para optar al empleo u ocupación, dentro del límite de las capacidades de los Estados y sus legislaciones internas, en conjunto con las comunidades de acogida”.
